Gobierno de Tamaulipas rechaza persecución política en caso Grupo Empresarial Dalka
El Gobierno de Tamaulipas aseguró que el caso de Grupo Empresarial Dalka no responde a motivaciones políticas, sino a un proceso legal que ha sido revisado durante más de tres años por instancias administrativas, judiciales y federales.
El consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que no existe registro en los expedientes judiciales de acusaciones relacionadas con presuntos cobros indebidos, sobornos o solicitudes de beneficios económicos por parte de familiares del gobernador Américo Villarreal Anaya o integrantes de la administración estatal, como recientemente se ha señalado en medios de comunicación.
Subrayó que dichas acusaciones nunca fueron presentadas formalmente ante autoridad alguna ni forman parte de las demandas, recursos, pruebas o promociones realizadas por la empresa durante el litigio. Por el contrario, sostuvo que las resoluciones emitidas hasta ahora se han sustentado en documentos, expedientes, informes oficiales y pruebas incorporadas legalmente a los procedimientos, los cuales han sido analizados por autoridades estatales y federales.
Explicó que el conflicto se originó tras la rescisión de un contrato para el suministro de despensas en 2023 y recordó que las resoluciones emitidas por distintas autoridades han respaldado la actuación del Gobierno estatal.
Asimismo, señaló que la investigación penal actualmente en curso deriva de una presunta inconsistencia entre las fechas de emisión y entrega de pólizas de garantía presentadas dentro del litigio, situación que es analizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Precisó que fueron precisamente los documentos e informes obtenidos durante el procedimiento los que dieron origen a las investigaciones correspondientes.
García Barrientos también descartó que exista arraigo o alguna restricción a la movilidad del representante de la empresa y destacó la disposición del Gobierno para mantener el diálogo dentro de los cauces legales.
Finalmente, reiteró que la administración encabezada por Américo Villarreal rechaza categóricamente cualquier insinuación de corrupción o soborno relacionada con este caso y sostuvo que serán las autoridades competentes quienes determinen la resolución definitiva con base en hechos, documentos, pruebas y resoluciones legales, y no en declaraciones mediáticas.