Senado aumenta a 25 años la pena máxima de prisión para extorsionadores
Comisiones del Senado avalan endurecimiento de penas para combatir la extorsión en todo el país
Aumento de penas y reformas legales
Por unanimidad, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados para aumentar la pena máxima de prisión contra extorsionadores a 25 años. Con esta reforma, se busca homologar las sanciones en todo el territorio nacional y evitar que personas condenadas en estados con penas más altas puedan salir libres debido a las discrepancias legales.
La Cámara de Diputados había aprobado el pasado 28 de octubre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, estableciendo penas mínimas de 6 años y máximas de 15 años de prisión, además de agravantes. Sin embargo, esta propuesta no contemplaba las penas más severas que ya existen en entidades como Morelos, Quintana Roo y Michoacán, donde la prisión puede ser de hasta 25 años.
El dictamen aprobado en las comisiones del Senado corrige esta diferencia, estableciendo una pena mínima de 15 años y una máxima de 25 años para extorsionadores en todo el país, incluida la Ciudad de México. Estas sanciones podrán aumentar hasta 42 años en casos con agravantes graves, como extorsión mediante cobro de piso, imposición de precios, uso de sistemas financieros ilícitos o extorsión a candidatos a cargos públicos.
Reformas complementarias para fortalecer la justicia
Además del aumento en las penas, las comisiones legislativas aprobaron modificaciones a 15 artículos de la Ley General contra la Extorsión, incluyendo un artículo transitorio que homologa el tipo penal para federación y estados. Se sancionará a quien, sin derecho, obligue a otro a realizar, omitir o tolerar algo para obtener un beneficio o causar daño patrimonial, físico o psicológico.
Entre las reformas destaca la persecución de oficio del delito desde los centros penitenciarios y medidas para inhibir las llamadas telefónicas que se utilizan para extorsionar desde las cárceles. También se establece la regla general de que los extorsionadores no podrán obtener beneficios como libertad anticipada, conmutación de pena ni reducción alguna.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados en materia de extorsión para garantizar una atención eficiente y especializada.
Reacciones de los legisladores
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expresó el respaldo de su bancada a las modificaciones, argumentando que la extorsión fue el tercer delito más común en México durante 2024, según el INEGI. “El elemento que reina en este caso es la impunidad. Hay una cifra oculta del 97 por ciento de este delito”, afirmó, destacando la urgencia de sanciones efectivas.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, calificó la extorsión como un “cáncer que afecta a comunidades enteras” y apoyó el endurecimiento de penas para combatirla. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, anunció el voto favorable de su partido, considerando que las penas son adecuadas para frenar el crecimiento de este delito.
Próximos pasos
El dictamen será sometido a discusión y votación en el Pleno del Senado este miércoles, donde se espera su aprobación definitiva para su posterior entrada en vigor.
Resumen
El Senado de la República aprobó en comisiones aumentar la pena máxima para extorsionadores de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden extender la condena hasta 42 años. La reforma busca homologar las sanciones en todo México y fortalecer la persecución legal contra este delito, que afecta gravemente la seguridad de la población. La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos partidos y espera su aprobación en el Pleno senatorial.
Para más información sobre las leyes y reformas en México, consulte el portal oficial del Gobierno de México y el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También puede consultar informes internacionales sobre seguridad y justicia en la Organización de las Naciones Unidas.