Declaran culpable a ex candidato del PRI en Puebla por feminicidio de Cecilia Monzón
Tribunal de Puebla sentencia a Javier López Zavala como autor intelectual del asesinato de la abogada
Sentencia y contexto del caso
El Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, Puebla, declaró culpable al ex candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido el 26 de mayo de 2022. Junto a él, también fueron sentenciados su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas Ramírez, como responsables materiales del crimen.
López Zavala fue señalado como autor intelectual del asesinato, mientras que Domínguez y Vargas Ramírez ejecutaron el homicidio. La audiencia para individualizar la pena se llevará a cabo el 31 de diciembre, confirmó Helena Monzón, hermana de la víctima.
Exigen pena máxima y denuncian dilaciones
La familia Monzón exige que se imponga la pena máxima conforme al Código Penal del estado de Puebla, que contempla hasta 60 años de prisión por feminicidio. Desde el inicio del juicio, Helena Monzón denunció retrasos y dilaciones sistemáticas promovidas por la defensa de López Zavala, que prolongaron el proceso a casi 80 audiencias y que, según ella, fueron toleradas por el Poder Judicial local.
Grupos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos han mantenido una presión constante para evitar que el político recibiera un trato preferencial, denunciando la complejidad y duración del juicio, así como el desistimiento de testimonios clave presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Avances en justicia para víctimas de violencia
Este fallo representa un avance significativo en la procuración de justicia para mujeres víctimas de violencia en México, donde cerca del 95% de los feminicidios permanecen impunes, según datos reportados por la ONU Mujeres y otras organizaciones internacionales.
Colectivos como Por las Mujeres de Puebla celebraron el veredicto, calificándolo como un hito que responde a años de exigencias sociales y judiciales para garantizar justicia efectiva y sentar un precedente.
Detalles de la acusación y contexto del crimen
La FGE estableció que el feminicidio fue ordenado por López Zavala debido a un conflicto legal y personal relacionado con la manutención del hijo que tuvo con Cecilia Monzón. Según la investigación, el ex político mantuvo control directo sobre la planificación del asesinato para silenciar a la abogada, quien había denunciado públicamente actos de violencia familiar en su contra.
El sobrino de López Zavala fungió como enlace operativo y contrató al sicario para perpetrar el crimen, interceptando a Cecilia Monzón mientras circulaba por el Camino Real a Cholula, donde fue asesinada a tiros de forma premeditada.
Reacciones y perspectivas
Integrantes de colectivos feministas expresaron alivio y esperanza tras la sentencia, destacando que la cobertura mediática y la presión social fueron fundamentales para garantizar este resultado. Sin embargo, el proceso judicial aún continúa abierto, ya que falta definir las penas específicas y resolver un amparo interpuesto contra la sentencia por violencia familiar, ratificada en dos ocasiones.
El caso ha involucrado una lucha constante de la familia y organizaciones civiles durante tres años, incluyendo manifestaciones, vigilias y la producción de documentales que documentan el proceso judicial y la violencia contra las mujeres en México.
Helena Monzón enfatizó la importancia de que este caso no se convierta en una estadística más, sino en un referente para el acceso a la justicia en casos de feminicidio, un problema que sigue siendo urgente en el país, como lo señala la Fiscalía General de la República.
Resumen
El Tribunal de Puebla declaró culpable a Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón, junto con su sobrino y un sicario, señalados como autores materiales del crimen. La familia exige la pena máxima de 60 años y denuncia dilaciones durante el juicio. El fallo es considerado un avance significativo en la justicia para víctimas de violencia de género, aunque el proceso legal aún continúa con la individualización de penas y recursos legales pendientes.
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