Masacre de Camargo: detienen a otra exagente y reavivan cuestionamientos al modelo de seguridad de Cabeza de Vaca
La detención de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, vuelve a poner bajo escrutinio a los Grupos de Operaciones Especiales (GOPES), corporación de élite impulsada durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que integrantes de esa fuerza fueran vinculados con la masacre de 19 personas en Camargo, ocurrida en enero de 2021.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la exintegrante de la Policía Estatal fue detenida el 26 de octubre de 2026 en Altamira, por su probable participación en el homicidio calificado de las víctimas. Su responsabilidad deberá determinarse durante el proceso judicial.
La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021. Las víctimas eran 16 ciudadanos guatemaltecos, una persona salvadoreña y dos mexicanos. Sus cuerpos fueron localizados calcinados dentro y cerca de vehículos incendiados. Las investigaciones relacionaron los hechos con la participación de policías estatales, incluidos elementos de los entonces GOPES.
Durante el gobierno de Cabeza de Vaca, los GOPES fueron presentados como una fuerza especializada para enfrentar a grupos criminales. Sin embargo, el caso de Camargo abrió cuestionamientos sobre los controles internos, la supervisión de los agentes y la rendición de cuentas dentro de las corporaciones estatales. La detención de otra exintegrante vuelve a colocar esos aspectos en el centro de la discusión sobre el modelo de seguridad de aquella administración.
En 2023, 11 expolicías fueron sentenciados a 50 años de prisión, mientras que otro recibió una pena de 19 años por delitos distintos relacionados con el caso. Las condenas representaron un avance judicial, pero no han agotado las preguntas sobre las circunstancias de la masacre y la posible intervención de otros funcionarios.
Entre los puntos pendientes están el esclarecimiento de la cadena de mando, la posible existencia de instrucciones superiores y el grado de conocimiento que otros mandos pudieron tener sobre los hechos. Estas interrogantes requieren investigaciones sustentadas en pruebas, sin atribuir responsabilidades a personas que no hayan sido juzgadas conforme a derecho.
También permanece la exigencia de reparación integral para las familias de las víctimas. La nueva detención recuerda que el caso no puede reducirse a las sentencias contra los agentes que ya fueron condenados. La revisión de las actuaciones policiales, la investigación de posibles responsabilidades adicionales y la atención a las familias forman parte de los pendientes de un episodio que marcó la historia reciente de Tamaulipas.
La justicia exige esclarecer los hechos más allá de los responsables ya sentenciados, sin anticipar culpabilidades. Las familias de las 19 víctimas merecen verdad, reparación y garantías de que hechos como los de Camargo no se repitan.